La Inspección en el sistema educativo español


 

Indalecio Díaz Martínez, 14/10/2011

 

En este artículo intentaré exponer mi pensamiento sobre la necesidad de derogar toda la legislación sobre inspección educativa y elaborar una nueva. Ello supondrá proceder a la disolución del cuerpo de inspectores técnicos de educación y responsabilizar a los órganos propios centros educativos de la calidad de la enseñanza, del mismo modo que lo hace cualquier industrias al establecer controles internos de calidad.

 

Esta propuesta se encuadra dentro de la gran reforma que necesita el sistema educativo español, en la que es necesario incluir dos acciones prioritarias, como son un nuevo tratamiento para la administración y dirección de los centros educativos y la supervisión y establecimiento de controles internos y externos de calidad.

 

Si bien existen iniciativas anteriores, la figura de la inspección educativa en España se institucionaliza a partir de la Constitución de Cádiz en1812 al establecer el derecho del estado a inspeccionar y supervisar los centros escolares. No obstante, no será hasta la Ley de instrucción Pública de Moyano en 1857, cuando se crea la figura del inspector y la visita escolar como medio de control de las escuelas. Posteriormente la Ley General de Educación de 1970 atribuye al estado la función de control, evaluación y supervisión del sistema escolar y encomienda dicha función a la Inspección Educativa, la Inspección de Servicios y a la Alta Inspección del Estado.

 

Es de justicia reconocer el gran papel que ha jugado durante mucho tiempo la inspección educativa en la mejora de la educación en España, sobre todo en un momento de rápida evolución de los conocimientos didácticos y pedagógicos. Igualmente es necesario hacer un reconocimiento a los inspectores y profesores salidos de la Escuela Superior del Magisterio creada en 1909, antes de la aparición de las facultades de pedagogía, por el papel fundamental que desarrollaron en la divulgación de los nuevos descubrimientos pedagógicos y en la evolución de la didáctica.

 

Pero ello no nos puede ocultar los puntos negros que también esconde la inspección a través de la historia, con interpretaciones estrictas de las órdenes emanadas de los gobiernos de la dictadura de Primo de Rivera, de la Segunda República o del periodo franquista, ya que, salvo contadas excepciones, colaboraron con gran entusiasmo con las autoridades del momento. Y no me vale que se diga que la mayoría fueron purgados por este último, porque eso le ocurrió a una parte importante, pero no mayoritaria.

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación señala como funciones de la inspección educativa las siguientes:

  • Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos así como los programas que en ellos inciden.
  • Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.
  • Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.
  • Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.
  • Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres.
  • Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.
  • Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.
  • Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias.

Yo me pregunto ¿de todos estas funciones, cuántas son las que realmente ejercen? La respuesta es fácilmente conocida para cualquiera que haya trabajado en la enseñanza.

 

En el momento actual el cuerpo de inspectores de educación no cumple las funciones encomendadas, quizá por falta de plantilla o acaso por innecesario el ejercicio de tantas funciones. Considero en cualquier caso que la inspección en su concepción actual debe desaparecer, para dejar vía libre a un nuevo sistema donde sean los propios centros los responsables del control de la calidad y la supervisión, al margen de que la administración realice controles externos de rendimiento escolar mediante la aplicación de pruebas periódicas reglamentadas y la inspección de servicios actúe cuando proceda.

 

Ello exige que el estado revitalice a la moribunda Alta Inspección del Estado, haciéndola responsable de que las comunidades autónomas cumplan la legislación vigente, así como la puesta en marcha de una inspección de servicios dependiente de las comunidades autónomas y que se encomiende a los centros educativos las funciones de supervisión y control del proceso educativo.

 

En este momento las funciones inspectoras están asignadas a un cuerpo de funcionarios que no conocen realmente el funcionamiento interno de los centros educativos, porque a lo sumo sus visitas a los centros se reducen a tres o cuatro horas anuales. En cambio, cada vez más los centros disponen de personal con titulación profesional y pedagógica que nada tiene que envidiar a los inspectores que les inspeccionan o asesoran.

 

No es comprensible que hoy cada Instituto donde se imparta bachillerato tenga asignado un inspector, a menudo antiguo inspector de primaria, que tiene que asesorar y controlar las programaciones de los departamentos formados por profesores de matemáticas, idioma extranjero o filosofía, a pesar de carecer del más mínimo conocimiento científico, metodología o didáctica de tales áreas.

 

Si por el contrario no referimos a los centros de primaria, tres cuartos de lo mismo. En cualquier centro existen profesionales con muchos años de experiencia y de formación que están tanto o más capacitados que los inspectores, pero sobre todo conocen la práctica escolar actual, que en nada se parece a los pocos años que ejercieron los actuales inspectores. Pero es que además, ¿dónde están, sino en los centros, los licenciados en Pedagogía y Psicología que por decenas de miles han formado nuestras universidades?

 

Para ello es necesario crear unos nuevos consejos escolares en cada centro, constituidos por padres de alumnos, profesores y técnicos en educación, que tengan la competencia de nombrar director por periodos de cinco años, por delegación de la administración, previo concurso público de méritos entre quienes tengan la capacitación requerida.

 

Ello supone que es necesario concretar cuál es la preparación mínima que debe tener un director de un centro educativo, método de selección, competencias, responsabilidades, retribuciones, etc. En otro momento y lugar hablaré de dichos temas: consejos escolares y dirección de centros.

Decía antes que debe desaparecer el actual servicio de inspección educativa y ello por las siguientes razones:

  • La actual función de la inspección es puramente burocrática, limitándose a realizar informes o expedientes.
  •  Ha dejado de cumplir la función de asesoramiento pedagógico y mucho menos técnico.
  •  Su preparación, a menudo, no es superior a la del profesorado al que tiene que asesorar.
  •  Ha dejado de ejercer la docencia hace muchos años, desconociendo la realidad actual de las aulas.
  •  Casi toda la legislación educativa en vigor está demasiado contaminada por una excesiva participación de los inspectores y una falta de participación del profesorado.
  •  En Galicia, por ejemplo, se ha dado la paradoja de pertenecer al cuerpo de inspectores el conselleiro, la mayoría de los directores y subdirectores generales, todas las jefaturas de inspección, todos los delegados provinciales de educación, etc. Es decir dirigir la educación un cuerpo que sólo representa el 2 por mil del profesorado.
  • De hecho, son los inspectores quienes nombran a los directores cuando no existen candidatos, directores que después dirigen sin autonomía, atendiendo órdenes de la inspección.
  •  Inspectores son los que fijan las necesidades de profesorado de cada centro, sin atender a la programación realizada por sus equipos directivos.
  •  La gran mayoría de los actuales inspectores del cuerpo unificado, eran antes inspectores de enseñanza primaria y hoy ejercen sus funciones en secundaria y bachillerato.
  •  Los inspectores resultan muy cómodos para las administraciones educativas, porque están dispuestos a cumplir y hacer cumplir todo lo que se les ordena, sin oponer la más mínima objeción.
  •  A menudo asumen competencias que no les corresponden.
  •  Reorganizan la enseñanza comarcal, municipal o local al margen de los consejos municipales o de centro.
  •  No pueden ser los inspectores los que las inspiren muchas de las reformas educativas a pesar de ser los profesores mayoría y ser los que las aplican.

Si bien es cierto que en este periodo democrático no es condición necesaria para ejercer la inspección aceptar el nacional-catolicismo o ser falangista, a menudo los gobernantes, por motivos políticos, han ido nombrando inspectores con carácter de interinos, accidentales o extraordinarios hasta un total del 40% de la plantilla, mientras en la docencia este porcentaje está en torno al 7%.

 

Ha sido tal la influencia de los inspectores en la redacción de las leyes que han mantenido privilegios tales como la consideración de que son un cuerpo docente, cuando no lo son, pues los derechos y los deberes de los profesores hacen referencia a la libertad de cátedra, a la evaluación de los alumnos, al empleo de métodos de enseñanza y aprendizaje, al ejercicio de la tutoría, a la participación en el funcionamiento del centro, etc. Todo lo anterior nada tiene que ver con la función encomendada al inspector.

 

Como nada tiene que ver la función que ejercen con el derecho a poder acogerse a la jubilación anticipada que en su día se reconoció a los profesores, como consecuencia de la dureza de su trabajo, en contraposición a los derechos reconocidos a otros cuerpos de inspección de los distintos ministerios.

 

Lo anterior es una prueba más de cómo poco a poco la inspección se ha ido politizando al mismo tiempo que los políticos se han servido de la inspección para sus propios intereses.

 

El propio nombre inspector entra en conflicto con la función de asesor. En el pasado la anunciada o sorpresiva visita del inspector modificaba substancialmente el rendimiento de un profesor y su informe en el libro de visitas de la inspección formaba parte de su expediente. Hoy prácticamente la inspección no visita las aulas, a no ser que surja un problema, y un profesor se jubila sin que exista en la inspección un solo informe positivo o negativo de su trabajo como profesor. Sólo este extremo es suficiente para demostrar que su función no es indispensable para que el sistema educativo funcione.

 

Las funciones puramente burocráticas de los inspectores han ido sustituyendo poco a poco a las visitas ordinarias programadas a los centros. En mis más de 40 años de vida profesional no he visto ni una sola vez que un inspector se haya sentado una hora en mi aula o en el laboratorio para ver como impartía la clase y no conozco un solo profesor que no le haya ocurrido lo mismo. Igualmente en ese mismo período de tiempo sólo en una ocasión asistí a una charla didáctica de 20 minutos impartida por una inspectora.

 

La actual inspección no ha sabido resolver la dualidad entre querer ser un cuerpo administrativo o un cuerpo docente, el control o el asesoramiento, ser burócrata o didacta. Y sobre todo no hicieron el cambio suficiente y necesario entre el modelo autoritario anterior a la década de los setenta y el periodo democrático.

 

Por todo lo anterior, ahora ya no procede cambiar la inspección educativa, porque dicha figura dejó de ser necesaria y sobre todo porque los centros educativos tienen que ser supervisados, como toda empresa, por quien trabaja en ella. Ahora procede crear una nueva figura, la del director-gerente de centros educativos, persona que ostenta la máxima responsabilidad y ejerce las competencias de supervisión y control de la educación a nivel de centro que debe rendir cuentas ante el Consejo Escolar.