Trabajo y sudor, sin lágrimas


Indalecio Díaz Martínez 10/09/2011

 

“En esta crisis, espero que pueda perdonárseme si no me extiendo mucho al dirigirme a la Cámara hoy. Espero que cualquiera de mis amigos y colegas, o antiguos colegas, que están preocupados por la reconstrucción política, se hagan cargo, y plenamente, de la falta total de ceremonial con la que ha sido necesario actuar. Yo diría a la Cámara, como dije a todos los que se han incorporado a este Gobierno: «No tengo nada más que ofrecer que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor»… En este tiempo me siento autorizado para reclamar la ayuda de todas las personas y decir: «Venid, pues, y vayamos juntos adelante con nuestras fuerzas unidas»”

 

Este texto es parte del discurso del primer ministro británico Winston Churchill pronunciado en la Cámara de los Comunes el 13 de mayo de 1940, en el que les viene a decir a los británicos que para alcanzar la victoria no les promete otra cosa que no sea «sangre, sudor y lágrimas» como por otros motivos habían dicho antes Giuseppe Garibaldi y Theodore Roosevelt.

 

España está en este momento pasando por un estado crítico de su economía agravada especialmente por el alto nivel del desempleo, lo que exige que de inmediato se tomen medidas excepcionales para reducir el paro y con ello tratar de reducir el déficit presupuestario para poder amortiguar el crecimiento de la deuda.

 

A pesar de las medidas tomadas en el último año por el gobierno socialista, que han permitido disminuir un poquito el enorme déficit entre ingresos y gastos que anualmente venían acumulando las distintas administraciones, lo cierto es que la administración sigue gastando mucho más que los impuestos que recauda y seguirá endeudándose todavía más en los próximos años. Eso será así porque no es posible reducir el gasto bruscamente, mientras la creación de empleo no haga posible reducir los costes del desempleo y como consecuencia los intereses de la creciente deuda exterior. Por tanto, en los próximos años todos seremos un poco más pobres de lo que lo somos en este momento y los efectos de la crisis se pondrán todavía más de manifiesto deteriorándose más si cabe nuestro nivel de vida.

 

En estos momentos, desconocemos los programas electorales de los distintos partidos y sus promesas para reducir el paro y acabar con la crisis; mucho me temo que ninguno de ellos confesará honestamente ante los españoles la serie de medidas que adoptará en caso de llegar a gobernar, porque a ninguno de los dos grandes partitos llamados a formar gobierno les interesa decir la verdad, ya que eso le acarearía la pérdida como mínimo de un millón de votos que le son decisivos a cualquiera de los partidos mayoritarios.

 

A diferencia de lo que ocurre en otros países, en España la fidelidad del voto es muy alta entre los simpatizantes de los diversos partidos. Por ello más del 80% del electorado repite el voto al partido con el que simpatiza, aunque reconozca que lo está haciendo mal o que perjudica sus propios intereses. Ese voto cautivo de los partidos, junto a una ley electoral con listas cerradas y circunscripciones provinciales, impide en gran manera la renovación de la clase política, la democratización interna de los partidos  y lo que es peor, favorece el que los partidos se transformen en oligarquías cerradas con puestos adquiridos en herencia y de por vida. Eso nos lleva a una clase política dirigente apartada del pueblo y que no ha tenido en su vida otro trabajo o profesión que la política.

 

De esta manera, cada vez más, los partidos dirigen los programas y declaraciones a sus afiliados y simpatizantes con promesas electorales de poco calado, intentando no molestar a quien saben que con toda seguridad les va a dar su voto y hablando sobre todo de lo que va a hacer el partido contrario si llega a gobernar. Los diputados y senadores se expresan en público y votan en el Parlamento, no en conciencia, sino con férrea disciplina de voto y sin la menor autocrítica al partido, so pena de ser automáticamente expulsado del mismo.

 

A menudo la clase política considera a los ciudadanos menores de edad e incapaces de saber lo que quieren y a veces todavía algo peor, seres inferiores sin el más mínimo razonamiento, utilizando por ello un lenguaje paternalista y engañoso. Como dijo el gran escritor francés Louis Dumur, «La política es el arte de servirse de los hombres, haciendo creer que se les sirve».

 

Una prueba de lo que digo la puso de manifiesto en los últimos días el candidato Rubalcaba. Ofreció a los españoles una solución para salir de la crisis, cual es la supresión de las diputaciones y la aprobación de un impuesto para los banqueros y los ricos, lo que según sus palabras podía suponer hasta 2.500 millones de euros.

 

Al día siguiente, el propio ministro de trabajo afirmó que serán necesarios más de 30.000 millones de euros para hacer frente a los gastos del desempleo de este año, poniendo con ello en ridículo al candidato de su propio partido.

 

El electorado de este país no exige suficientemente cuentas a los partidos políticos de sus promesas electorales y a sus gobernantes responsabilidad por sus desmanes de gobierno. Creo que debería sonar como un aldabonazo para nuestros gobernantes el hecho de que Irlanda haya llevado a los tribunales a su primer ministro, por hacerle responsable de la crisis financiera de aquel país.

 

Estamos en estos momentos necesitados de que los dos grandes partidos, en una declaración conjunta de sus líderes, les digan de una vez a los españoles que la situación económica de España es crítica. Que a una desmesurada deuda externa pública y privada y a un paro galopante sólo se puede hacer frente, si todos no ponemos a tirar del carro en la misma dirección y sentido, pues en caso contrario el futuro de las próximas generaciones de este país será incierto.

 

No es posible, por mucho tiempo, seguir pagando unos intereses de la deuda un 3% de interés superior al pagado por los bonos alemanes, y ello a pesar de que el Banco Europeo nos haya comprado casi 30.000 millones de nuestra deuda en menos de quince días, para evitar la especulación de los mercados y que probablemente no pueda seguir haciéndolo debido a las voces muy críticas e incluso renuncias de cargos dentro del propio banco.

 

Nuestras autoridades repiten a menudo que España no será intervenida y tienen razón. España no puede ser rescatada como lo ha sido Grecia, Irlanda o Portugal, porque ello no es posible. No podrá serlo, de la misma manera que ninguna persona podría a intentar salvar a un náufrago de 150 Kg. de peso al mismo tiempo que está intentando poner a salvo a tres jóvenes, mucho menos pesados, cuyos nombres son Grecia, Irlanda y Portugal, sin haberlo conseguido del todo todavía. No existen fuerzas monetarias suficientes para tal intento, y a lo único que puede limitarse Europa es a echarnos un salvavidas para ver si llegamos a tierra por nuestros propios medios.

 

Es cierto que el primer responsable de la crisis que nos afecta es del presidente del gobierno y todos sus ministros, pero no es menos responsable todo su partido, o aquellos otros que le han dado su apoyo durante esta legislatura. Si bien la responsabilidad del presidente de la nación es inmensa, también lo es la del resto de  presidentes de las comunidades autónomas, ya que sin recato malgastaron el dinero de nuestros impuestos y el de las ayudas europeas. No pareciéndoles suficiente, se endeudaron más allá de lo razonable, para presentarse a las siguientes elecciones como unos auténticos genios de las finanzas, sin caer en la cuenta de que las deudas hay que pagarlas algún día, sino ellos, nuestros hijos o nuestros nietos.

 

Y qué decir de las autoridades monetarias nacionales e internacionales y los bancos. Ellos fueron, con el permiso del gobierno, los que nos condujeron a la situación casi de bancarrota del estado, de muchas familias y lo que es peor de los propios bancos y cajas. Aún a sabiendas de que las tasas de interés cercanas a cero no habían resuelto los problemas de Japón, las extendieron al mundo entero y ello no plantearía problema alguno si el IPC también estuviese cercano a cero. Pero como el incremento del coste de la vida estuvo siempre alrededor de dos puntos por encima de la tasa de interés, ello motivó que las familias se endeudaran para el resto de su vida activa con el objeto de comprarse una o dos viviendas, uno o dos coches, unas vacaciones, a poder ser fuera del país, o para adquirir objetos de lujo no acordes con su potencial de riqueza.

 

De lo anterior se desprende que todos somos en mayor o menor grado responsables de la situación en la que nos encontramos,  unos por omisión y otros por comisión. La última legislatura tan catastrófica fue posible gracias a que Zapatero obtuvo mayoría suficiente al ocultar la crisis financiera extranjera y negar la propia que se vislumbraba, cosa que muchos millones de españoles creyó y le votaron.

 

Por ello unos somos responsables como votantes, otros como colaboradores necesarios y los más, porque hemos disfrutado con un estado del bienestar superior a nuestra riqueza con cargo a la enorme deuda pública y privada que hemos contraído. ¿Cómo? ¡Derrochando en...! pensiones sin haber cotizado; jubilaciones anticipadas; incapacidades inexistentes; prestaciones de la seguridad social sin control; calles, fuentes, iluminaciones y pavimentado de calles propias de un país más rico; indemnizaciones por despido excesivas; prestaciones por desempleo indebidas; absentismo laboral incontrolado; largas licencias por maternidad y paternidad de hijos adoptivos; bajas por enfermedad inexistente; subvenciones a todo lo que se mueve; enchufismo funcionarial; …

 

Es decir, hemos pasado unos años de vacas gordas en los que hemos vivido todos muy por encima de lo que permitía la riqueza del país, a cargo en parte a las ayudas que venían de la Unión Europea y al endeudamiento. Ahora ha llegado la hora de la verdad. A partir de ahora es España la que tiene que ayudar a otros países europeos. Resulta paradójico que en este momento que muchos españoles no tienen un sólo euro para comer, el gobierno necesita pedir créditos extranjeros para ayudar a Grecia, Irlanda y Portugal, al mismo tiempo que el Banco Europeo viene en nuestra ayuda comprando 30.000 millones de deuda española, para que los intereses que pagamos por nuestra deuda no alcancen el 6%.

 

Una gran parte de la deuda de los ciudadanos y de nuestros bancos se fue para la construcción de una vivienda nueva, que como todos sabemos no es una mercancía fácil de exportar. El número de viviendas construidas en España ha ido superior a las necesidades del crecimiento de la población.

 

Los que adquirieron las viviendas lo hicieron en base a una hipoteca por el 100% o más de su valor, a más de 25 años y casi siempre a interés variable y no a interés fijo como ocurre en otros países. Los bancos concedieron las hipotecas en estas condiciones buscando más del 30% del dinero en el extranjero con créditos a plazo inferior a cinco años, plazo que ya finalizó o está a punto de hacerlo.

 

Ahora algunas de esas cajas de ahorro no pueden hacer frente a las exigencias de sus acreedores y no encuentran capital para hacer frente a los pagos. El Banco de España ha tenido que intervenir en varias de estas cajas, aportando fondos con cargo a más deuda exterior, y que nosotros vamos a tener que pagar en forma de impuestos. Y estas cajas van a ser transformadas en bancos, donde los accionistas van adquirir su propiedad por un coste del 10 al 25% de su valor contable.

 

La mayoría de los pisos adquiridos en los últimos años lo fueron por un precio muy superior al valor real. La revalorización anual de un 10 o 15% superior a la inflación, nos llevaba a la idea utópica de que cada vez éramos más ricos, a pesar de que el piso sufría una depreciación real debido a la antigüedad. Si bien ya se ha producido un descenso en el precio de los pisos, los ciudadanos todavía no han asimilado que el valor de su piso que han adquirido hace dos o tres años no es el que figura en la escritura de compra, sino quizá sea entre un 30 o un 45% inferior.

 

Esto mismo se resisten a admitir los bancos, a pesar de que tienen una orden del Banco de España para que actualicen el valor contable de los pisos de hipotecas impagadas, debiendo aplicar un descuento del 10, el 20 o el 30% del valor declarado, según la antigüedad de su posesión sea uno, dos o tres años.

 

Como consecuencia de lo anterior me atrevo a decir, que en este momento en España se necesita un presidente para la crisis como lo fue en su día Konrad Adenauer y un ministro de economía como Ludwig Erhard, padres del milagro alemán de los años 50, si queremos salir del profundo agujero que alguien ha excavado en este país y en el que todos nos hemos dejado enterrar, de una u otra manera.

 

Pero, al igual que ocurrió en Alemania, también estamos necesitados de una población que se conciencie de la situación en la que nos encontramos. Los alemanes contribuyeron a la reconstrucción del país después de la segunda guerra mundial trabajando ciertos días de la semana para el estado sin retribución con el objeto de levantar el país. Yo todavía recuerdo como en España hasta comienzos de los años 50 se aplicaba la llamada prestación personal obligatoria, por la que un miembro de la familia tenía que trabajar gratis o pagar un sueldo sustitutorio, para realizar la repoblación forestal o la reparación de caminos y regadíos.

 

Todo este largo razonamiento viene a cuenta, porque me preocupa mucho la manera de reaccionar de la sociedad española ante una crisis de esta envergadura a la que todavía nadie le ha puesta fecha de caducidad. Me refiero a lo que está sucediendo estos días con los recortes que las administraciones autonómicas tratan de imponer en sanidad y educación.

 

A pesar de que sabemos que estos dos capítulos son los que se llevan la mayor parte del presupuesto de las comunidades autónomas, existe una coincidencia en decir que estos capítulos son intocables. Todos sabemos o deberíamos saber que sin tocar la educación y la sanidad es imposible reducir el déficit de manera apreciable, a no ser que queramos que la Administración nos suba los impuestos y las cotizaciones de la Seguridad Social.

 

Lo estoy viendo estos días con las movilizaciones del profesorado de educación infantil, primaria y secundaria para protestar por el incremento de horas de clase presencial a los alumnos. Es una aspiración lícita de toda persona poder conseguir una retribución cada vez mayor y una jornada de trabajo cada vez menor. Pero lo cierto es que si ello no se fundamenta en una mayor productividad, y estas dos variables son muy divergentes se produce un desequilibrio muy peligroso para la economía de toda empresa o de cualquier país.

 

Observo con cierta sorpresa como casi todos los medios de comunicación, bien en artículos o en tertulias, son muy críticos con las decisiones de las distintas administraciones al pretender aumentar el número de horas que el profesorado debe permanecer en clases presenciales con los alumnos. Pero me sorprende mucho más que los dirigentes del gobierno central que manifiestan que las comunidades autónomas tienen que reducir el déficit, pero que es a ellas a quienes corresponde elegir en qué capítulos, se manifiesten en contra de que lo sea en sanidad y educación, cuando saben que el 80% del dinero que les transfieren va a estos capítulos.

 

Con la ley en la mano un profesor estatal, como funcionario público que es, tiene un horario de trabajo de 37,5 horas semanales y un mes de vacaciones, pero la realidad es otra muy distinta. 

 

De acuerdo con calendario escolar de Andalucía para el curso 2011/12 habrá 178 días lectivos y según el de Galicia 175. (La Ley General de Educación de 1970 fijaba 220 días lectivos). Después de la tan contestada modificación del horario de los profesores de Galicia, un profesor de primaria deberá impartir como máximo 875 horas de clase, incluidos los recreos; un profesor de secundaria o bachillerato tendrá que impartir 700 clases de 50 minutos como máximo, es decir 583 horas efectivas.

 

Al no disponer de las tablas de retribuciones del profesorado de Galicia, utilizaré las correspondientes a 2011 en Andalucía, hechas públicas por Comisiones Obreras (*). En ellas figura un sueldo bruto anual, para un profesor de primaria con 12 años de servicios, de 30.549,12 € y 34.214,10 € para uno de secundaria. Ello significa que dicho profesor,  después de aplicarle el incremento horario de Galicia, costaría a las arcas andaluzas 34,32 € por cada hora de clase efectiva y un profesor de secundaria 57,89 €. Si tenemos en cuenta que la ratio a nivel nacional en la enseñanza pública ha descendido a 11,3 alumnos por profesor en primaria y 8,7 en secundaria, claramente se deduce que cada hora de clase de uno de nuestros hijos cuesta a la administración, o lo que es lo mismo en impuestos a nosotros, entre 3 y 6 euros, es decir, entre 15 y 30 € por cada día de asistencia a clase, sin tener en cuenta los gastos de  mantenimiento y amortización  de edificios, mobiliario, material, iluminación, personal de limpieza, personal subalterno, seguros sociales, etc.

 

No es por tanto de extrañar que la administración, al igual que haría cualquier empresa, desee rebajar el coste hora de clase/alumno,  sin tener que disminuir el salario de los profesores ni reducir otros conceptos. Si contrastamos estos datos con los del resto de los países europeos, llegaremos a la conclusión de que el coste por alumno en la enseñanza pública española es muy alto para la calidad que ofrece, con relación a la media de los países europeos y que el sueldo del profesorado comparativamente, nada tiene que envidiar a los países de nuestro entorno con mayor renta «per capita».

 

Es necesario subrayar que el horario de permanencia de los funcionarios docentes en los centros, nunca supera las 30 horas semanales durante 10 meses de curso, lo que supone que se le computen dentro del horario de trabajo más de 400 horas anuales para formación y trabajo en su domicilio.

 

Es explicable que se manifiesten contra esta medida los profesores interinos que como consecuencia de lo anterior van a perder su puesto de trabajo. Pero no se puede decir, ni por parte de los profesores funcionarios, de los periodistas y mucho menos de los políticos, que ello va a perjudicar la calidad de la educación española, ya que no hay motivo para ello y además la calidad es tan baja, como nunca lo ha sido,  a pesar de que la ratio profesor alumno se ha reducido a menos de la mitad en los últimos 25 años.

 

Existen problemas en la educación pública española muy graves, de los que algún día daré mi opinión dada mi larga experiencia en la enseñanza, la dirección, la representación sindical, además de haber sido redactor del texto base del Reglamento de Centros de Galicia. Pero en este momento a diferencia del pasado no son problemas de presupuesto, ni de personal, ni de instalaciones, ni de retribuciones, ni de ratio, ni de horas lectivas, sino más bien de legislación, reparto competencial, organización, control, administración, disciplina, inspección, dirección, horarios, etc.

 

Todo es mejorable, otra cosa es si estamos dispuestos a pagar los servicios que le pedimos al estado de bienestar con un incremento substancial de los impuestos que pagamos la mayoría.

 

Estamos a punto de participar en unas elecciones generales, de las que debe salir un gobierno fuerte que diga a los españoles la verdadera situación de la economía. Que no prometa otra cosa que «trabajo y sudor, sin lágrimas», es decir sin lamentos. Ahora no podemos entretenernos en lamentaciones de lo que pudo ser y no fue, de lo que tuvimos y perdimos, de lo que era y ahora no es, de lo que teníamos y ahora nos falta, en una palabra, de lo que fue y no volverá…

 

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Retribuciones del profesorado de Andalucía para 2011
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