Carta de los inspectores del Banco de España

Indalecio Díaz Martínez, 14/06/2012

 

Hoy, cuando acaban de cumplirse seis años de su entrada en el Registro del Ministerio de Economía y Hacienda, se hace indispensable leer el contenido de la carta, que a continuación se transcribe, remitida al Vicepresidente del Gobierno de Zapatero por la Asociación de Inspectores del Banco de España, para darnos cuenta de la grave responsabilidad que incumbe a los sucesivos gobernadores del Banco de España, a los ministros de Economía y Hacienda y al propio Presidente del Gobierno, por haber colocado a este país al borde del precipicio al no hacer caso a los mencionados inspectores.

 

Es inconcebible que el Gobernador del Banco de España, el señor Caruana y su sucesor el señor Ordóñez, así como los correspondientes ministros, el señor Solves y la señora Salgado y el preseidente del gobierno señor Zapatero,  hicieran oídos sordos a las recomendaciones del prestigioso cuerpo de inspectores del Banco de España poniendo de manifiesto con claridad el peligro que suponía el endeudamiento de los bancos españoles con capital de la UE, para financiar una burbuja inmobiliaria que antes o después se sabía que iba a estallar con todas las consecuencias, como seis años después se ha puesto de manifiesto.

 

Pero mejor que mis palabras, es proceder a la lectura íntegra de dicha carta, para entender las razones del porqué distintas organizaciones están llevando a los tribunales a las personas que consideran responsables de no cumplir con la función que tenían encomendada, a pesar de que sus funcionarios les avisaron a tiempo de lo que se avecinaba.

 

Texto íntegro de la carta:

 

Ministerio de Economía y Hacienda

REGISTRO GENERAL DE ALCALA ENTRADA

N° de Registro: 20205/RG 40736

Fecha: 26/05/2006 13:03:50

  

Señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda:

  

Los inspectores del Banco de España, a través de esta nota informativa, queremos distanciarnos de la complaciente lectura de la situación económica española que hace en sus últimas intervenciones el actual Gobernador del Banco de España, el señor don Jaime Caruana, y mostrar asimismo nuestra preocupación por su falta de voluntad para adoptar las medidas necesarias para hacer posible la reconducción de la delicada situación actual, hasta hacerla más sostenible y segura. En sus más recientes intervenciones, el todavía responsable de la Institución de supervisión bancaria en España, además de obviar algunas de las principales causas de los desequilibrios actuales y de minimizar la importancia del riesgo latente en el sistema financiero español, ignora las previsibles consecuencias que, para una parte del sistema económico y para un número considerable de familias, podría tener una posible evolución adversa del entorno económico. En nuestra opinión, —que en cuestiones de supervisión financiera entendemos cualificada, pues no somos nosotros los recién llegados a esta compleja labor técnica—, ni todos los riesgos están tan controlados como afirma el Gobernador, ni es probable que las consecuencias sean tan limitadas como él propone si, finalmente, alguno de los mencionados riesgos latentes llega a materializarse.

 

Por todo ello, y como reflejo de la lealtad que le debemos a la institución en la que trabajamos, los Inspectores del Banco de España nos vemos en la obligación de hacer constar que el nivel de riesgo acumulado en el sistema financiero español como consecuencia de la anómala evolución del mercado inmobiliario en España en los últimos seis años es muy superior al que se desprende de la lectura de los mencionados discursos del Gobernador. Además, creemos que su análisis sobre las circunstancias que han propiciado la delicada situación actual es, cuando menos, parcial, ya que obvia una de sus causas más evidentes: la pasiva actitud adoptada por los órganos rectores del Banco de España —con su Gobernador a la cabeza— ante el insostenible crecimiento del crédito bancario en España durante los años del mandato del señor Caruana. En nuestra opinión, detrás de este crecimiento desordenado del crédito —especialmente, en la parte dedicada a la financiación de la actividad inmobiliaria— se encuentra, en último término, (a falta de determinación demostrada por el Gobernador para exigir á las entidades sometidas a la supervisión del Banco de España el rigor en la asunción de riesgos exigible a gestores de recursos ajenos. Como consecuencia inmediata de esta ausencia de medidas, el proceso de aceleración del crédito bancario, originalmente circunscrito a las entidades con menor cultura en el control de sus riesgos, se ha ido extendiendo a las demás entidades de crédito que operan en el sistema financiero español por efecto de la, por otro lado saludable, competencia. De este modo, incluso las entidades con mejores sistemas de evaluación y gestión del riesgo, se han visto "obligadas" a entrar en esta carrera por la captación de negocio y —muy a su pesar y con el único objetivo de evitar ser expulsadas del mercado— han tenido que conceder operaciones cuya rentabilidad esperada no justificaba en modo alguno el riesgo asumido al concederlas.

 

En una dinámica como la descrita, en donde la corrección de los excesos y errores sólo se produce una vez ha pasado algún tiempo —y normalmente mediante procesos de ajuste más o menos traumáticos—, es donde los mecanismos públicos de supervisión justifican su razón de ser, pues al estar al margen de las dinámicas competitivas del mercado pueden llevar a cabo evaluaciones de los riesgos en las que se tomen como referencia períodos de tiempo más amplios, de forma que se consiga evitar, en lo posible, que las consecuencias de los errores cometidos por las entidades al conceder sus operaciones acaben siendo transferidas, de una manera u otra, a la Sociedad en su conjunto. La única institución con autoridad normativa y capacidad técnica suficientes para exigir de manera generalizada a todas las entidades del sistema financiero español una evaluación del riesgo coherente con los principios de rentabilidad esperada y eficiencia económica era, y es, el Banco de España, Desafortunadamente, en nuestra opinión, esta Institución, durante los seis años de mandato del actual Gobernador, ha optado por mantener una actitud de pasiva complacencia que, a nuestro modo de ver, está en el origen de los desequilibrios que hoy denuncia el señor Caruana en sus intervenciones.

 

Por otro lado, este desmedido crecimiento del crédito bancario, destinado en su mayor parte a la financiación de la actividad inmobiliaria en todas sus fases —y, a nuestro entender, una de las causas principales de la extraordinaria subida del precio de los inmuebles en España—, ha acabado provocando otro tipo de problemas en las entidades de crédito españolas. Recientemente, algunos riesgos típicos del negocio bancario, como el riesgo de tipo de interés o el de liquidez, se han visto incrementados de forma muy acusada por la necesidad de las entidades de crédito de acudir al ahorro exterior para conseguir los fondos necesarios para financiar el crecimiento de su inversión crediticia. Debido a que el incremento del pasivo tradicional —los depósitos bancarios— ha demostrado ser insuficiente para dar contrapartida al acelerado crecimiento del crédito, las entidades españolas han tenido que buscar fuentes adicionales de liquidez, y lo han hecho acudiendo a los mercados financieros de la zona del euro, aprovechando las posibilidades que proporciona la moneda única. Para ello, han recurrido principalmente a tres vías de financiación "no tradicionales": la emisión de "títulos híbridos de capital" —participaciones preferentes, deuda subordinada, etc.—; la segregación en títulos, para su posterior venta, de una parte de los activos de sus balances (es decir, titulizando activos); y, por último, captando liquidez a través del endeudamiento a corto plazo en los mercados interbancarios de la zona del euro. Esto, que en sí mismo no es negativo —antes al contrario, pues sería reflejo de la progresiva convergencia de los mercados financieros de los países que han adoptado la divisa única—, sí tiene implicaciones muy importantes para la rentabilidad futura de las entidades y, en último término, también para su propia solvencia. Así, respectivamente:

a) los titulares de los híbridos de capital exigen rentabilidades muy superiores a la ofrecida a los titulares de los depósitos bancarios tradicionales

b) la venta de los títulos resultantes de los mencionados procesos de titulización, en muchas ocasiones, no alcanza a los tramos de mayor riesgo, lo que tiene como consecuencia que el riesgo de las carteras titulizadas no se transfiere al exterior del banco o caja en, cuestión, acumulándose en sus balances y

c) las favorables condiciones de financiación que hoy ofrecen los mercados interbancarios de la zona del euro pueden volverse menos favorables en un futuro próximo si las tendencias ya iniciadas de subida de tipos de interés se acentúan, haciendo que el recurso a esta fuente de financiación acabe siendo sustancialmente más cara que en la actualidad.

 

Todo ello, que tiene su origen, en nuestra opinión, en la complaciente actitud del Gobernador ante el desmedido crecimiento del crédito en España —principalmente, con destino en el sector inmobiliario—, ha incrementado la exposición de las entidades de crédito españolas a los riesgos mencionados.

 

Sin embargo, no queremos decir con esto que las entidades de crédito se hayan equivocado acudiendo a estas fuentes de financiación, pues, a fin de cuentas, el riesgo es parte intrínseca del negocio bancario y la misión de los gestores bancarios —y de sus supervisores públicos— no es rehuirlo, sino identificarlo y gestionarlo adecuadamente. En la medida en que no haya terceros afectados cuando el riesgo se materializa, la elección de las fuentes de financiación de las entidades de crédito es algo que compete a sus órganos de decisión, reservándose al supervisor únicamente la misión de garantizar que, efectivamente, las consecuencias de los errores no exceden la esfera de quien fue responsable de ellos. Sin embargo, insistimos, sí nos preocupa que una parte de ese crecimiento del crédito —el que ha exigido el recurso a estas nuevas fuentes de financiación— pueda tener su origen en distorsiones competitivas causadas por una inadecuada gestión de las entidades con sistemas de control del riesgo más precarios, pues ello significaría que una parte importante del crecimiento del crédito experimentado por el sistema bancario español en los últimos años no estaría justificado por rentabilidades esperadas superiores a las históricas, sino por un proceso de deriva en la gestión de las entidades que ha dado lugar a una relajación generalizada de los criterios de concesión del crédito. De ser esto así, las entidades de crédito españolas estarían operando sin afectar suficientemente sus cuentas de resultados con los cargos por provisiones necesarios para hacer frente a la pérdida esperada de sus carteras, por lo que, salvo que los gestores de las entidades hubieran decidido unilateralmente retener una parte de los beneficios de las sociedades que dirigen en forma de reservas, es previsible suponer que el nivel de solvencia de estas acabe viéndose afectado una vez cambie fa coyuntura y se manifieste el riesgo latente en sus carteras. Si aquellas dotaciones voluntarias de reservas no se hubieran realizado y de ello se pudiera derivar un aumento inaceptable del riesgo asumido por el sistema, nosotros consideramos que el supervisor público podría —y debería— actuar para reconducir la situación.

 

Decimos que podría actuar porque en esta ocasión, a diferencia de lo sucedido en los sonados casos de insolvencia societaria que han salido recientemente a la luz, la legislación española sí reconoce medios normativos suficientes al Banco de España para que pueda actuar si sus órganos rectores lo consideran pertinente. La Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, en su artículo 7. 6, dota a esta Institución con "la capacidad para supervisar la solvencia, actuación y cumplimiento de la normativa específica de las entidades de crédito", a la vez que, en virtud del artículo 23 de la misma Ley, la Comisión Ejecutiva del Banco de España —presidida por su Gobernador—tendrá asignada, entre otras, la tarea de "formular a las entidades de crédito las recomendaciones y requerimientos precisos, así como acordar respecto a ellas y a sus órganos de administración y dirección la incoación de expedientes sancionadores y las medidas de intervención, de sustitución de sus administraciones, o cualesquiera otras medidas cautelares previstas en el ordenamiento jurídico cuyo ejercicio se haya encomendado al Banco de España". Con estos instrumentos legales, y los que le reconoce la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito—así como los contenidos en sus propias circulares bancarias—, el Banco de España cuenta con los medios normativos necesarios para poner freno a los crecimientos del crédito que considere inadecuados. Es decir, aun cuando la normativa española de supervisión prudencial está lejos de ser perfecta, no son sus evidentes carencias las que explican la pasividad del Banco de España en los últimos seis años en la prevención de la creciente exposición de las entidades de crédito españolas a los riesgos relacionados con el sector inmobiliario, sino la voluntad de su máximo responsable, el Gobernador.

 

En resumen, los inspectores del Banco de España no compartimos la complaciente actitud del Gobernador del Banco de España ante la creciente acumulación de riesgos en el sistema bancario español derivados de la anómala evolución del mercado inmobiliario nacional durante sus seis años de mandato, ni tampoco coincidimos completamente con él sobre las causas del, a nuestro juicio, insostenible comportamiento de los precios de los inmuebles en España, ni sobre las medidas a adoptar para reconducir la situación hasta hacerla aceptable. El bien intencionado optimismo del Gobernador, lejos de tranquilizarnos, nos inquieta. Nosotros, los inspectores y técnicos de supervisión del Banco de España, precisamente porque somos los que examinamos in situ la situación de las entidades bajo el ámbito de supervisión de esta Institución, incluidas las sociedades de tasación, conocemos de primera mano la situación del sistema financiero español y la del mercado inmobiliario nacional —información que, como no podría ser de otra manera, hemos comunicado puntual y lealmente a los órganos rectores de Banco de España a través de nuestros informes de inspección—, por lo que, siendo conscientes como nadie de los riesgos a los que nos enfrentamos, no podemos ser tan optimistas como está demostrado ser, al menos por ahora, nuestro Gobernador.

 

Si bien es cierto que también nosotros consideramos que la gran mayoría de las entidades de crédito españolas están bien capitalizadas y que, por ello, su solvencia no es previsible que se vea comprometida aun en los escenarios más desfavorables, no lo es menos que en esos mismos escenarios, y en otros no tan improbables, el número de familias que tendrá que afrontar serias dificultades para hacer frente a sus compromisos financieros crecerá de manera alarmante. En estas circunstancias, no podemos compartir las manifestaciones triunfalistas del que consideramos máximo responsable de la delicada situación actual.

 

Por todo ello, los Inspectores del Banco de España queremos hacer constar que no compartimos el Cándido optimismo del Gobernador ante la previsible evolución de la situación económica española, y que, desde nuestro punto de vista, y sin alarmismos injustificados, sí hay motivos suficientes para la preocupación, especialmente si se tiene en cuenta el legado de los seis años de mandato del señor don Jaime Caruana.

 

ASOCIACION DE INSPECTORES DEL BANCO DE ESPAÑA