Nuestro sistema de pensiones en peligro

 

Indalecio Díaz Martínez, 20/02/2012

 

Una sexagenaria siciliana acaba de ser detenida por la policía de Turín, al hacerse pasar por ciega y haber percibido durante los ocho últimos años una pensión de la Seguridad Social, por un total de 235.000 €.

 

Este descubrimiento ha sido posible gracias a la filmación realizada por un detective donde se la ve barriendo el balcón, cruzando pasos de peatones o contemplando escaparates, sin necesidad de utilizar gafas.

 

El gobierno italiano estima que un 20% de los pensionistas por invalidez gozan de buena salud y a pesar de ello todavía no ha tomado medidas para acabar con la sangría de las arcas de la Seguridad Social.

 

No me cabe la menor duda de que estas cifras italianas son las mismas de las que podemos estar hablando en España. El fraude en la concesión de pensiones de invalidez es alarmante, del mismo modo que lo es la concesión de bajas por enfermedad. Los médicos no están colaborando, sino más bien agudizando un problema de equilibrio del sistema de pensiones.

 

Los médicos no sólo se deben preocuparse por restablecer la salud de los enfermos, sino también en ser fieles fedatarios de la alta responsabilidad que las leyes les confieren de certificar verazmente sobre el estado de salud del enfermo, tanto en las bajas por enfermedad, como en las declaraciones de una invalidez permenente.

 

Sin embargo es de dominio público que a muchos  médicos de este país no les tiemba la mano cuando extienden informes y certificados haciendo constar aquello que el paciente les pide. Baste recordar la reciente información publicada en  elconfidencial.com, aportando la documentación acreditativa, en la que a Urdangarín se le declaró exento de prestar el servicio militar por sordera total de ambos oídos, dos años antes de emparentar con la familia real, a pesar de que figraba en la nómina de los deportistas de élite.

 

Por otro lado la economía sumergida, que en parte está resolviendo el problema de muchas familias para poder llegar a final de mes, es igualmente un motivo de preocupación para el reconocimiento de pensiones futuras, no sólo a los que de ella participan, sino también al resto de la sociedad.

 

La Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social por la que se reglamenta la concesión de las pensiones y su cuantía, se ha quedado obsoleta antes de empezar a aplicarse. El motivo es que tal como demuestran los datos de 2011, no ha sido necesario llegar al año 2020 para que el desfase entre cotizaciones y prestaciones se produjese, sino que ese mismo año se ha cerrado en números rojos.

Es necesario por tanto proceder a la revisión de la mencionada Ley para que los trabajadores que hoy tienen menos de 50 años puedan mañana percibir una pensión que no sea substancialmente menor a la que la que están percibiendo los actuales pensionistas. Si no se modifica dicha Ley lo antes posible, podemos estar seguros que el sistema de pensiones es inviable, no sólo a largo plazo sino también a medio plazo.

 

Estimo que es necesario modificar la Ley para que en aquellas profesiones que no exijan un gran esfuerzo físico, la edad de jubilación se establezca en 70 años y que en todas las profesiones a partir de los 60 años se actualice al personal para fomentar la movilidad dentro de la empresa o la administración, y de esta manera los trabajadores puedan desarrollar funciones que exijan menor esfuerzo físico o mental y así retrasar el momento de su jubilación unos años más o hasta que empresario y trabajador lo decidan de mutuo acuerdo.

 

Igualmente es necesario reorganizar los tribunales médicos que conceden los distintos grados de invalidez y reglamentar, al igual que en otros países, que los acuerdos sean revisables al cabo de dos o cinco años. Tampoco estaría de más que se procediese a revisar de oficio todas las incapacidades permanentes concedidas hasta la fecha, para todas aquellas personas que tengan menos de 65 años de edad.

 

Con ello no se trata de perseguir a nadie, tan sólo de preservar el derecho de los futuros pensionistas a tener asegurada al final de su vida laboral una pensión justa y suficiente, cosa que en este momento no tienen asegurada. Basta para ello que echemos una ojeada a la desequilibrada pirámide de población que amenaza con caerse, por falta de base, si no ponemos los medios para que eso ocurra.

 

La pirámide de población española de los años 70 del siglo pasado, es la pirámide que todos quisiésemos tener pero que nunca más se repetirá, a no ser que industrialicemos a este país de tal modo que sea posible que acojamos a 18 millones de inmigrantes, cosa de todo punto impensable.

 

Todos debemos conocer que en el momento que alcancen la edad de jubilación los jóvenes que hoy tienen 30 años, el número de pensionistas será el doble de los actuales, es decir más de 13 millones, mientras que la población activa será de casi tres millones menos que en el momento actual.

 

A veces se oye decir que hablar de lo que ocurrirá el año 2049, es hablar en hipótesis y es cierto, pero no es menos cierto también que las pirámides de población del año 2036 o del año 2048 ya sabemos cómo van a ser, al menos para los que en esa fecha tengan más de 36 años, pues en este momento ya están nacidos, y nada podrá evitarlo a no ser una gran guerra o peste acabe con parte de la población.

 

En estos gráficos se representan las pirámides de población de cinco en cinco años hasta llegar a 2049, y en ellas podemos observar como esta especie de seta que es nuestra pirámide de población va creciendo paulatinamente de tal manera que termina por hacerse insostenible al tener que contribuir cada trabajador con el 50% del producto de su trabajo al sostenimiento de las pensiones cuando ese momento llegue, como consecuencia de que habrá menos de dos trabajadores por cada jubilado.