Pasado, presente y futuro de la economía española


 

1. Introducción

Entre los años 1974 y 2011 la economía española tan sólo ha sido capaz de crear 2 millones de puestos de trabajo en el sector privado, mientras las administraciones públicas han dado ocupación a 2,7 millones de personas. En dicho período se pasó de 13,4 millones de personas ocupadas a 18,1 millones, a pesar de que en estos 37 años la población se incrementó en 13 millones de personas.

 

El crecimiento de la economía española a partir de 1998, año de la integración en el euro, creó hasta 2,4 millones de empleos más y atrajo a 6 millones de inmigrantes. El estallido de la burbuja crediticia e inmobiliaria nos devuelve a donde estábamos anteriormente, aunque con casi 5 millones de parados en lugar de los 3 millones de 1998 y con una población de 47 millones en lugar de 40 millones.

 

2. Las cifras de población entre 1974 a 1998.

Desde 1974 hasta 1998 el empleo creció en España en sólo 1,8 millones de personas, al aumentar desde los 13,4 millones a los 15 millones de ocupados. De ese crecimiento, 1,3 millones se produjeron en el sector público y sólo 0,3 millones en el sector privado. Por tanto, en tasa anual, en ese periodo de 24 años, el aumento del empleo fue de 45.000 personas. El desempleo, por su parte, pasó de menos de 500.000 a 3 millones, alrededor del 18% de la población activa. En ese mismo periodo de 24 años, la población española pasó de 34 a 40 millones de personas.

 

En los 24 años transcurridos entre 1974 y 1998, sólo en dos fases la economía española ha crecido creando empleo. La primera, entre 1986 y 1990, una recuperación apoyada en devaluaciones previas, en las reformas de la Ley Boyer, y, sobre todo, en la reducción del precio del petróleo: se recuperó actividad, pero sobre todo la del sector de la construcción. El empleo creció en 1 millón de personas, pero la expansión no duró por los excesos salariales, impulsados por unos sindicatos que querían reivindicar más de 15 años de pérdidas previas de empleo, y por el gasto público excesivo, que se tradujo en grandes déficits que no eran sostenibles. En los años siguientes, hasta 1994, se pierde todo el empleo creado en los años anteriores. En 1994, sólo trabajaban 12 millones de personas –1,4 millones menos que en 1974–, mientras la población había crecido en 6 millones de personas. La población activa era de 17 millones de personas. La tasa de paro llegó ese año al 24,5% y los parados alcanzaron la cifra de 4.165.000.

 

3. La entrada en la Unión Europea

A partir de 1986, cuando España se integra en la Unión Europea, se limita la capacidad de intervención pública para incentivar la instalación de empresas. La libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas se completó con la prohibición de conceder ayudas públicas a las empresas, porque falsearían la libre competencia. Muchos de los países miembros de la Unión Europea no temían a esa competencia.

 

Alemania tenía empresas grandes, tecnología avanzada, marcas, marketing, redes comerciales internacionales, una población muy bien formada y acuerdos de estado entre los sucesivos gobiernos, los empresarios y los sindicatos, que se traducían en la defensa de la competitividad de las empresas alemanas.

 

Francia tenía un esquema parecido, pero con menos empresas tecnológicamente avanzadas. Sus carencias las resolvía con una política intervencionista y proteccionista, disimulada en reglamentos y en la operativa del antiguo Mercado Común y su mercado nacional era lo suficientemente grande como para mantener una estructura productiva mucho menos competitiva que la de Alemania.

 

La situación española era mucho más complicada: una población muy inferior, con una densidad reducida, con problemas de comunicación; una industria nacional que vivía de la tecnología exterior, de un mercado protegido, una financiación privilegiada y ayudas fiscales; una industria de ese tipo y una agricultura atrasada determinaban unos precios altos en relación con los del extranjero y una pérdida de competitividad que había que corregir con devaluaciones, cuando el déficit del sector exterior se hacía imposible de financiar.

 

Los gobiernos españoles, a partir de 1959 y hasta que se completó nuestra integración en la Unión Europea en 1990-1992, conscientes de esa situación, buscaron permanentemente inversiones extranjeras para crear tejido industrial y mejorar el existente.

 

El Gobierno español, al integrarse en la Unión Europea, debería haber sido consciente de que sólo podríamos crecer si, para un extranjero, fuéramos claramente competitivos. Lo que significaba una política económica que minimizara la inflación, que equilibrara las cuentas públicas y que hiciera las inversiones imprescindibles en infraestructuras; junto con la garantía de seguridad jurídica y una mano de obra bien cualificada y formada y, por supuesto, una legislación laboral y unos sindicatos que tuvieran entre sus objetivos el de garantizar un mínimo de rentabilidad en las empresas, además de evitar la tentación de convertirse en un gobierno económico paralelo. Y lo dicho respecto a la industria había que aplicarlo, igualmente, a la agricultura y a los servicios.

 

Durante muchos años, a partir de 1979, cuando ya se habían celebrado dos elecciones generales democráticas y aún más tras la firma de la integración en la Unión Europea en 1985 y con un desempleo consolidado en torno al 20% de la población activa, los principales economistas españoles pronosticaron que el desempleo sólo descendería a niveles europeos –en torno al 5% la población activa– cuando transcurrieran, al menos, veinte años. No había una gran ciencia detrás: era un cálculo hecho sobre la base del final de la modernización de la agricultura y la consiguiente pérdida de empleo en el sector, sobre la de la desaparición de la emigración como salida aceptable y sobre la de la incorporación al mercado de trabajo de sucesivas, y cada vez menores, cohortes de jóvenes españoles.

 

En 1986, año en el que nos integramos en la Unión Europea, sólo nacieron 400.000 españoles, 282.000 menos que en 1974. Con esa evolución demográfica y un pesimismo que tenía sólidas bases, estaba claro que sólo la demografía de una población que envejecía rápidamente podía resolver el paro. La política económica del PSOE de Felipe González fue todavía peor de lo que muchos se temían. Sólo la imposibilidad de financiar la deuda pública animó, finalmente, a sus últimos gobiernos a hacer algunas reformas en el mercado de trabajo y en el sistema de protección social.

 

4. El fracaso del Sistema Monetario Europeo y la política de Solchaga y Rojo

Una vez más se demostró la dificultad de controlar el gasto público cuando los desempleados eran muy numerosos. Los déficits públicos se monetizaron hasta mediados de los ochenta, lo que se traducía en una presión alcista sobre los precios. A las subidas de precios reaccionaron los sindicatos con una política muy agresiva, defendiendo, en exclusiva, a los que tenían un empleo fijo. Por si fuera poco, esa situación se complicó todavía más con la política monetaria de Carlos Solchaga, ministro de economía desde 1986, y del Banco de España, dirigido por Ángel Rojo.

 

Ambos decidieron que la manera de domar a los sindicatos y de obligar a la sociedad española a aceptar la disciplina de los mercados, que castigaba las pérdidas de competitividad de cualquier país con la exigencia de elevados tipos de interés para financiar y refinanciar la deuda, era doblar esa exigencia internacional con otra artificial. Ambos optaron por revalorizar artificialmente el tipo de cambio de la peseta mediante una política de altísimos tipos de interés, y por integrar a la peseta en el Sistema Monetario Europeo, el primer intento de moneda única europea. En vista de que la disciplina interna no funcionaba, porque el Gobierno incurría en grandes déficits y porque los sindicatos exigían aumentos salariales por encima de la productividad, optaron por la disciplina externa, por la que imponía el primer intento de introducir el euro.

 

Nada funcionó. Internamente, los últimos gobiernos de Felipe González fueron incapaces de controlar el gasto público y los sindicatos se hicieron más fuertes, provocando la pérdida de competitividad de nuestra economía y de la mayoría de las empresas, que no podían seguir exportado ni podían defenderse de los bienes importados de otros países. Externamente, tampoco se pudo mantener ese primer intento de unión monetaria europea.

 

Después de cuatro devaluaciones y un paro que alcanzó el 24,5%, los gobiernos españoles, primero los del PSOE y después los del PP de Aznar, hicieron algunas reformas. Los del PSOE, para poner límites y poder pagar al generoso sistema de protección del desempleo y de pensiones de los jubilados. Los del PP hicieron hincapié en el control del gasto público y de la inflación y en privatizar la mayoría de las grandes empresas públicas, tanto para reducir la deuda pública como para privar de apoyo a los sindicatos mayoritarios, la UGT y CCOO.

 

5. Las reformas del periodo 1994-1998.

Desde 1994 a 1998, dos años de gobierno del PSOE y dos del PP, los partidos políticos españoles parecían haberse dado cuenta de que la única manera de crecer y de evitar el desempleo eran políticas económicas que garantizaran la estabilidad presupuestaria, el control de la inflación y que impidieran la excesiva influencia sindical en la política nacional. Una economía totalmente abierta al exterior, con escasa productividad y un elevadísimo desempleo sólo podía crecer con precios y salarios más bajos que los de nuestros competidores extranjeros, lo que requería políticas muy austeras en gasto público total y en políticas salariales: no ilimitadamente, sólo hasta que un sistema educativo mejor permitiera una formación media mucho más elevada y hasta que universidades, agencia de investigación, empresas y al apoyo de los presupuestos facilitaran la investigación y el desarrollo.

 

La crisis de 1992-1994 evidenció, una vez más, que los enemigos de la modernización de la economía española eran la regulación del mercado de trabajo y los sindicatos. Una lección que aprendió el PSOE de Felipe González a partir de 1986, cuando comenzó un periodo de prosperidad que duró, estadísticamente, hasta 1991, pero que fracasó cuando la huelga general de 1988 doblegó al Gobierno, que comenzó a gastar lo que no tenía para recuperar el favor de sus votantes.

 

Los dos primeros años de Gobierno de Aznar, entre 1996 y 1998, fueron ejemplares. Se recortó el gasto público, se congelaron los sueldos de los funcionarios, se redujeron las inversiones, se controló la inflación y se privatizaron totalmente la mayoría de las grandes empresas públicas, que eran una de las bases del poder sindical. Esas decisiones, junto con el impulso del sector exterior espoleado por las cuatro devaluaciones que, en conjunto, alcanzaron el 50% frente al marco alemán y al franco francés, permitieron que la economía española creciera sin tensiones inflacionistas y creando empleo.

 

6. El empleo desde 1998 hasta 2007 en la España del euro

En 1998 comienza, de hecho, un nuevo ciclo, impulsado por la sustitución de la peseta por el euro. Desde 1998 hasta 2007, el punto más alto del ciclo alcista impulsado sobre todo por el euro y sus bajos tipos de interés, el empleo creció en 5,5 millones de personas. Aumentó desde casi los 15 millones de 1998 hasta los 20,5 millones del último trimestre de 2007. Un aumento de más de 610.000 personas al año.

 

De esos 5,5 millones de nuevos empleos, 1,4 millones se crearon en el sector de la construcción y en el inmobiliario. Es posible que en los sectores industriales dependientes de la construcción, como el de producción de cerámica, cemento, otros productos minerales no metálicos y muebles, lámparas o electrodomésticos, se crearan alrededor de 400.000 puestos de trabajo. En el sector de servicios es más complicado este cálculo, pero entre transporte terrestre, hostelería, saneamientos y servicios a las empresas se pudieron crear otros 500.000 puestos de trabajo. En el conjunto de las Administraciones Públicas y en el sector de prestación de servicios sociales, el empleo aumentó en 1,2 millones de personas. El resto, alrededor de 2 millones, estuvo ligado a las necesidades de bienes y servicios corrientes de una población que había aumentado desde los 40 millones a los 45 millones de habitantes en apenas 7 años.

 

La mayor parte de la creación de empleo público en este periodo se hace por las autonomías. En la administración central ocurre un doble fenómeno: por una parte se reducen el número de sus empleados, tanto por la transferencia de competencias a las autonomías como por la privatización de empresas públicas; por otra, se hacen nuevas contrataciones, si bien cuantitativamente es un fenómeno marginal entre 1974 y 2004, y más acusado a partir de ese año hasta 2011. En la administración local también crece el empleo, pero sus dificultades de financiación impiden los excesos. La gran revolución ocurre en la administración autonómica, que crece por la transferencia de competencias de la administración central, por nuevas contrataciones y por el desarrollo de un nuevo complejo de entes y empresas públicas. Al igual que ocurre en la administración central, ese crecimiento se desboca a partir de 2004, con el Gobierno de Rodríguez Zapatero. El crecimiento del empleo público, directo e indirecto, es más intenso en autonomías con menos renta y más paro.

 

7. El empleo en el periodo 2008 y el primer trimestre de 2011

Posteriormente, en el periodo 2008-primer trimestre de 2011, se perdieron 2,4 millones de puestos de trabajo, de tal modo que la población ocupada en esa fecha era de 18,1 millones de personas. Desde 2008 al primer trimestre de 2011, el empleo público ha vuelto a crecer en otras 300.000 personas. Por eso, de los 5,5 millones de puestos de trabajo creados en el periodo 1998-2007, han conservado su empleo los 1,4 millones de empleados públicos y alrededor de 1,7 millones de personas en el resto de la economía. La población, mientras tanto, ha pasado de 40 a 47 millones de personas desde 1998 a 2011.

 

Es una auténtica tragedia humana y económica que, en apenas nueve años, desde 1998 a 2007, los años de la expansión impulsada por el euro, hayan llegado a España alrededor de 6 millones de inmigrantes, de los que casi 5 millones eran personas dispuestas a trabajar, y que, al cabo de otros tres años, en el primer trimestre de 2011, el empleo neto creado desde 1998 haya sido de sólo 3,1 millones de puestos de trabajo, 1,7 millones en el sector público y el privado oferente de servicios sociales, y 1,4 millones en el sector privado directamente productivo. En consecuencia, en algo más de 12 años, el empleo privado, los 1,4 millones, han supuesto, en promedio, la creación de 120.000 empleos anuales.

 

8. La integración en el euro: los errores y los acontecimientos inesperados

En 1998, el Gobierno de Aznar, con el apoyo de toda la oposición y, sobre todo, del PSOE y de los partidos nacionalistas, toma una decisión trascendental para España. Decide cumplir los criterios de Maastricht no porque fueran positivos –que lo eran– para la economía española, sino para integrarse, desde un primer momento, en la Unión Monetaria. Olvidando que las razones del fracaso del Sistema Monetario Europeo seguían vigentes.

 

a) El primer error

España seguía padeciendo un paro abrumador, el euro tenía problemas en su estructura interna y nada garantizaba que los gobiernos españoles fueran a cumplir los objetivos de déficit, ni que la inflación española fuera a ser semejante a la de nuestros principales competidores. Era, de hecho, imposible, pues la estructura económica de España era muy poco productiva. En los 24 años anteriores, todo el aumento de la productividad se había conseguido reduciendo el número de trabajadores ocupados, no aumentando la productividad de toda la economía. Un error en el que incurrió no sólo el Gobierno español, sino los de todos los países que se integraron sin tener economías suficientemente sólidas, en un intento de forzar una unión política por la vía espuria de la economía, de una moneda única y de un Banco Central Europeo con competencia muy limitadas.

 

b) El segundo error

Un segundo error fue hacer también política con los sindicatos. La actividad sindical desde la transición hasta 1994 había puesto todo tipo de obstáculos a la modernización de la economía española. El PSOE de Felipe González se enfrentó a los sindicatos y aunque el Gobierno ganó todas las batallas perdió la guerra, porque nunca se atrevió a hacer la reforma definitiva del mercado de trabajo y porque intentó recuperar el apoyo popular, erosionado en su pelea con los sindicatos, mediante políticas expansivas del gasto público que se tradujeron en grandes déficits públicos. Los sindicatos perdieron todo su prestigio cuando se hizo evidente que sus posiciones, opuestas a cualquier reforma en el mercado de trabajo, eran responsables del desempleo del 24,5% de la población, así como los Gobiernos del PSOE, pues su intento de recuperar votos por la vía del gasto público y el déficit y la acumulación de deuda pública fue determinante del crecimiento de la inflación y de la pérdida de competitividad de la economía.

 

c) Los tipos de interés y las facilidades crediticias

A esos dos errores se sumaron tres circunstancias fatales. La primera, la política de bajos tipos de interés y de facilidades para el apalancamiento de Greenspan, que fue imitada por los principales bancos centrales, incluido el Banco Central Europeo. Los bajos tipos de interés del euro resultaron ser, al cabo del tiempo, un "shock externo asimétrico" para los países miembros de la Unión Monetaria.

 

Los economistas más opuestos al euro señalábamos como un peligro para los países miembros que ocurriera un fenómeno externo que afectara de una forma radicalmente diferente a sus economías. Recuerdo que, yo al menos, mencionaba factores como una nueva subida de los precios del petróleo o algún otro que afectara a nuestra industria automovilística o a nuestro turismo, los sectores más importantes de nuestra estructura productiva. Cuando se produce un shock de esas características podía ocurrir que la política monetaria común no fuera la conveniente para todos los miembros. Eso es lo que ocurrió con los tipos de interés y las facilidades crediticias que, mantenidos muy laxos durante casi diez años, provocaron crecimientos del crédito completamente diferente entre los países miembros del euro y, en consecuencia, las tensiones inflacionistas fueron igualmente diferentes entre los mismos.

 

d) La segunda circunstancia negativa: el crecimiento del sector de la construcción

El segundo de los fenómenos inesperados fue que el sector que más creció en España y más empleo creó fue el de la construcción. Por razones de todo tipo, por experiencias históricas, por desconfianza en todo tipo de activos financieros y por la carencia de viviendas acumulada en el pasado, los españoles creyeron que las inversiones más seguras eran las que se hacían en el sector inmobiliario. Lo que era cierto en un comienzo, en 1999, cuatro años después, en 2003, se había convertido sigilosamente en una operación especulativa nacional de alto riesgo. Una operación en la que participaron, impulsándola, los bancos nacionales y los extranjeros. Una operación que era, sólo, una repetición de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda.

 

Nadie reaccionó en los Gobiernos de Aznar ni en los del PSOE de Rodríguez Zapatero a partir de 2004. La única decisión que tomó el Banco de España fue obligar a constituir una provisión genérica en la banca para cuando el ciclo expansivo de la construcción se terminara.

 

e) 6 millones de inmigrantes en diez años

El tercer acontecimiento inesperado fue que la demanda de mano de obra para construir era tan grande que en España, a pesar de la tasa de paro del 14% alcanzada en 2000, no había oferta de trabajo suficiente. En el año 2000 comenzaron a llegar grandes contingentes de inmigrantes. En 1998 apenas había 500.000 inmigrantes viviendo en España, la mitad de ellos nacionales de países miembros de la Unión Europea. En 2008 su número alcanzaba los 5 millones y en la actualidad superan los 6 millones. Una inmigración tan alta –de hecho suponía el 50% del total de los trabajadores españoles ocupados en 1994– era una revolución política, económica y laboral. Esos inmigrantes permitieron que el empleo en el sector de la construcción, en las industrias dependientes del mismo y en los servicios necesarios, se multiplicara

 

f) Las consecuencias

El ciclo expansivo de la economía española fue provocado por estos dos errores internos, junto con las tres circunstancias analizadas: los bajos tipos de interés y las facilidades crediticias durante diez años, el afán de los españoles por invertir en edificaciones y la llegada incontrolada de 6 millones de inmigrantes, de los que casi 5 millones se integraron en el mercado de trabajo

 

9. Los efectos del estallido de la burbuja en el empleo

Los excesos de inversión en el sector de la construcción y en el sector inmobiliario crearon una burbuja, en cantidad y precio, que fue financiada inicialmente con los ahorros de las empresas y familias españolas y, posteriormente, con su endeudamiento, facilitado por el sistema financiero nacional y la banca extranjera. El otro efecto inducido, es el crecimiento de los empleados de las Administraciones Públicas, que creían que sus ingresos fiscales se mantendrían en el tiempo, sin darse cuenta de que se trataba de ingresos extraordinarios irrepetibles.

 

El estallido de la burbuja ha provocado grandes pérdidas a las familias, las empresas y los bancos, nacionales y extranjeros, que han financiado la expansión de los sectores directamente implicados. El proceso de reconocimiento de esas pérdidas por parte del sector financiero, que probablemente superarán los 200.000 millones de euros, no concluirá hasta, al menos, 2013.

 

10. Las responsabilidades políticas

Todo ese proceso ayuda a delimitar las responsabilidades de los partidos políticos, los sindicatos y los sucesivos Gobiernos. Es evidente la responsabilidad de los Gobiernos de Aznar, incrementada cuando el decreto-ley de reforma moderada del mercado de trabajo de 2002 fue retirado por razones electorales tras una fallida huelga general. Es evidente la continua responsabilidad de los sindicatos, incapaces de comprender que los privilegios de los sindicatos verticales del franquismo son incompatibles con una economía de mercado totalmente abierta al exterior.

 

Los Gobiernos de Rodríguez Zapatero son también responsables de la actual situación de la economía española, pero conviene delimitar esa responsabilidad para que tenga que responder de sus decisiones y no de las de otros Ejecutivos anteriores.

 

1. En la campaña electoral para las elecciones de 2004 el PSOE acusaba al PP, con razón, de mantener un sistema productivo que descansaba excesivamente en el sector de la construcción. Pero cuando alcanzó el Gobierno incrementó las ayudas fiscales para la compra de viviendas, echando leña al fuego que alimentaba la burbuja inmobiliaria.

 

2. El Gobierno no analizó, o no instruyó, como podía, al Banco de España para que evitara la concentración de créditos en el sector inmobiliario y en el de la construcción.

 

3. El Gobierno es responsable de seguir gastando dinero público hasta mayo de 2010, como si nada hubiera pasado, a pesar del estallido, en agosto de 2007, de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y en el resto de los países desarrollados que habían incurrido en los mismos errores.

 

4. El Gobierno es responsable de negar, hasta mayo de 2010, la existencia de una crisis que tenía que afectar, necesariamente, a la solvencia del sector financiero y a la situación de las propias Administraciones Públicas.

 

5. El Gobierno es responsable, junto con el Banco de España, de no haber aprovechado 2008 y 2009 para recapitalizar con dinero público el sistema financiero, en una fase en la que todos los países afectados lo hicieron, sin que sufriera el crédito exterior de ninguno de ellos.

 

6. El Gobierno de Rodríguez Zapatero es responsable de confundir a las autonomías respecto a su capacidad de gasto hasta 2010. En 2009 se les transfirieron 20.000 millones de euros más de los que les correspondían por su participación en IRPF, IVA e Impuestos Especiales, porque el Gobierno operaba sobre la base de que la crisis económica era sólo una "ligera desaceleración”.

 

7. El Gobierno de Rodríguez Zapatero es responsable de que todas las reformas llevadas a cabo desde mayo de 2010 sean insuficientes. En particular, es responsable de la lentitud en recapitalizar el sistema financiero y en poner límites al gasto de las autonomías.

 

8. El Gobierno de Rodríguez Zapatero no es responsable, en cambio, del populismo del PP, que se ha opuesto con argumentos demagógicos a las limitadas reformas aprobadas hasta la fecha.

 

11. El futuro de la economía española

No se han mencionado, hasta el momento, los problemas de la Unión Monetaria a la que España pertenece. Los errores en el diseño del euro, la irresponsabilidad de creer que era posible aplicar la misma política monetaria a países tan diferentes como los de la Europa central y los países periféricos sin llevar a cabo otras reformas, está pasando factura a todos los que han cometido errores.

 

En el caso de España, además de tener un problema de falta de empleo y de altísimo desempleo, existe un problema adicional de endeudamiento nacional, que alcanza el 90% del PIB en términos netos y el 240% del PIB en términos brutos, que se compensa, en parte, con inversiones españolas en el exterior por un total equivalente al 150% del PIB de 2010.

 

Si Grecia decidiera no pagar su deuda exterior, financiada ahora, en parte, por la Unión Europea y el FMI, o no pudiera hacerlo y no hubiera más remedio que renegociar todo su endeudamiento exterior, básicamente público y que ya asciende al 150% de su PIB, es posible que los inversores se negaran a seguir financiando a Irlanda y Portugal, aún a los tipos actuales –que alcanzan el 12%– y a prestar a España a tipos muy superiores a los actuales, por considerar que su riesgo se habría incrementado.

 

La situación de la economía española sería caótica. La elevadísima deuda bruta exterior de la economía se concentra en el sector financiero español, en el resto del sector privado y, sólo en tercer lugar, en el sector público. En una situación de insolvencia nacional, la no refinanciación del sector privado es más complicada que la del sector público.

 

Creo que, en estos momentos, en mayo de 2011, lo lógico es suponer que España cumpla los acuerdos de reducción del déficit público hasta cerca del 6% en 2011 y, tomando nuevas medidas impositivas y de reducción del gasto público total, que alcance un déficit de en torno al 4% del PIB a partir de 2013. Si esto fuera así, la deuda pública en 2014 podría alcanzar entre el 75% y el 80% del PIB y la deuda privada podría haberse reducido algo en ese mismo periodo.

 

Cumplir con los objetivos oficiales de déficit público, incluso acercarse como he supuesto –6% en 2011, 4,4% en 2012 y 3% en 2013–, obligará a hacer reformas y a subir algunos impuestos, como el IVA, rebajando otros, como las cotizaciones sociales. Pero el efecto depresivo de esas medidas sobre la actividad económica es inevitable y no podrá ser compensado con exportaciones y con mayor inversión y consumo privados.

 

En esta fase de contracción del déficit público, que se extenderá hasta al menos 2013, terminará el ajuste del empleo en los sectores de la construcción y en los servicios e industrias dependientes y el sector público tendrá que reducir su empleo en, al menos, 200.000 personas; la contracción de la actividad del sector público afectará también a los sectores industriales y al sector de servicios que dependen del mismo.

 

En circunstancias normales, la pérdida de empleo total en esos sectores, en el periodo 2012-2013, podría alcanzar las 400.000 personas. Los desempleados alcanzarían los 5,3 millones de personas y los ocupados descenderían hasta los 17,7 millones de personas, a menos que esa pérdida de empleo se compensara con un aumento del empleo por unas mayores exportaciones y por un incremento de la inversión y el consumo privados.

 

Una vez integrados en el euro las devaluaciones no son posibles. Es más, desde mediados de 2010, el euro se revalúa frente al dólar y frente a casi todas las otras monedas, incluido el yuan chino. El ajuste en la demanda interna tiene dificultades para ser compensado por la demanda externa. En el caso de las importaciones, el precio del petróleo y otras materias primas determinan un incremento significativo de los pagos totales por importaciones.

 

En estas circunstancias, la única política económica posible es provocar una "devaluación interna", de tal forma que nuestros precios y salarios desciendan significativamente respecto a los de nuestros socios comunitarios y respecto a los del resto del mundo. Una caída significativa sería un descenso de salarios del 15%. Para lograr este objetivo sería necesario una modificación de la negociación colectiva, de tal manera que cada empresa pudiera fijar los salarios que le permitan sobrevivir y superar esta fase de estancamiento. Sería igualmente necesario que las cotizaciones sociales se redujeran en al menos un 5%. La pérdida de recaudación que produciría esta reducción tendría que compensarse con un aumento del IVA del 2%.

 

Hay que tener en cuenta que una parte considerable de los 3.767.000 españoles que están en paro tienen una baja cualificación profesional o son desempleados que provienen del sector de la construcción y de servicios, que no tienen una gran formación. La única forma de que vuelvan a ser empleados en la economía española en los próximos años es que su coste para las empresas se reduzca sustancialmente. Lo mismo puede decirse respecto a los 1,1 millones de inmigrantes parados. Es necesario que los salarios legales a los que pueden ser empleados se reduzcan significativamente.

 

Hasta que se reforme el mercado de trabajo el crecimiento económico en los próximos años, entre 2011 y 2016, al menos, será necesariamente reducido. Difícilmente se lograrán crecimientos superiores al 1% ó 2% del PIB y como ocurriera en prácticamente todo el periodo analizado, salvo en las fases de crecimiento de 1986 a 1990 y de 1996 a 2007, en los que el crecimiento económico y del empleo se concentró en el sector de la construcción, el crecimiento del empleo será nulo. Máxime, porque el sector público tendrá que reducir sus efectivos, al contrario de lo que ha ocurrido a lo largo de los 37 años transcurridos desde 1974 hasta 2011.

 

En estas circunstancias, la única salida para muchos desempleados será la emigración. Por los datos que tenemos en 2010, emigraron al menos alrededor de 100.000 personas de nacionalidad española. En los próximos cinco años, y siempre que se mantenga el crecimiento de la economía mundial en cifras cercanas al 3% ó 4%, no sería difícil que la emigración aumentara hasta los 200.000 personas al año.

 

Un dato a tener en cuenta es que el número de jóvenes que llegan al mercado de trabajo, con estudios ahora ampliados, se reducirá hasta los 300.000 anuales, mientras que el de los que se jubilan, por edad o anticipadamente, podría alcanzar una cifra de entre 350.000 y 400.000 anuales. En los próximos cinco años la reducción de parados, por el consiguiente aumento de la demanda de trabajo para cubrir ese vacío demográfico, podría ser de entre 300.000 y 500.000 trabajadores. El número total de desempleados podría descender hasta los 3.800.000 personas.

 

Al igual que ocurrió en los años ochenta y principios de los noventa, el desempleo se reducirá sólo por la evolución demográfica y por la emigración, una salida que había desaparecido en España desde hace casi 20 años.

 

Otra condición necesaria para que España redujera el número de parados por su crecimiento sería que las reformas lograran que la inversión extranjera de carácter empresarial volviera a ser significativa.

 

Pero incluso si todos estos fenómenos se producen, incluso si la emigración fuera numéricamente significativa, si la llegada al mercado de trabajo de jóvenes españoles fuera inferior a la de los que se jubilan y si se recuperara parte de la inversión extranjera y si, finalmente, se hicieran las reformas del mercado de trabajo y del sistema fiscal, la creación de empleo neto de la economía española será presumiblemente muy baja en los próximos 10 años.

 

Esta evolución, positiva a pesar de todo, no podrá lograrse si las reformas no se extienden a todo el sistema educativo. La tasa de abandono escolar, que se ha reducido ya desde el 30% de 2007 hasta el 26% en 2010, tendría que rebajarse hasta el 5%-10%, la tasa promedio de los países centrales de Europa. Y la preparación profesional y universitaria tendría que mejorar significativamente.

 

 

Resumen de un trabajo publicado en Libertad Digital por Alberto Recarte, licenciado en Derecho y en Económicas por la Universidad Complutense de Madrid.