Informe del Pacto de Toledo


     La Comisión del Pacto de Toledo emitió un informe, con fecha 29/12/2010, en el que recomienda al Gobierno una serie de medidas que sirvan como base para elaborar la ley que reformará el actual sistema de pensiones y que éste piensa presentar en el Congreso el próximo día 28 de enero.

     Dicho informe, aprobado con los votos de todos los miembros excepto ERC-IU-ICV y BNG, consta de 19 puntos en los que no se concretan los puntos más polémicos como son la edad obligatoria de la jubilación ni los años que deben ser tenidos en cuenta para el reconocimiento de la pensión.

     De manera resumida este es el contenido de dicho Informe:

 

1. Separación y clarificación de las fuentes de financiación.

- Las prestaciones no contributivas han de ser financiadas exclusivamente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

- Se considera inaplazable actualizar el balance económico patrimonial entre el Estado y la Seguridad Social para que, sin ocasionar daños irreparables en las cuentas públicas, se liquiden definitivamente las deudas existentes entre la Seguridad Social y el Estado.

- Las políticas activas de empleo que introduzcan bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social deberán efectuarse exclusivamente con

cargo a la fiscalidad general.

- Se financiarán, con cargo a la fiscalidad general, cualesquiera actuaciones en materia de anticipación de la edad ordinaria de jubilación o de ayuda a sectores productivos determinados.

 

2. Mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones.

- La sostenibilidad del sistema exige que sólo se financien con cargo a los recursos de la Seguridad Social los gastos correspondientes al

estricto mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, y que toda subida por encima del IPC (o del índice que, en su caso, pudiere

adoptarse) sea sufragada con cargo a otros recursos financieros.

- Se considera conveniente estudiar la posibilidad de utilizar otros índices de revalorización basados, entre otros, en el crecimiento de los

salarios, la evolución de la economía o el comportamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social, siendo recomendable que se tengan en

cuenta los efectos que dichos índices han tenido sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones en los países de nuestro entorno.

 

3. Fondo de reserva.

- Los excedentes de la Seguridad Social, sin límite alguno, deben seguir incrementando la dotación total del Fondo de reserva.

 

4. Financiación, simplificación e integración de regímenes especiales.

- Se considera necesario continuar avanzando en la plena equiparación de los derechos de los trabajadores autónomos con los derechos de los

trabajadores del Régimen General.

- considera necesario promover, de manera gradual, las medidas necesarias para aproximar las bases de cotización de los trabajadores autónomos a los ingresos percibidos por los mismos.

- Extender la posibilidad de cotizar al conjunto del colectivo de becarios de post grado, así como la inclusión, a través de un sistema ágil y

sencillo, de todas las personas sujetas al Régimen Especial de trabajadores al servicio del hogar familiar, a partir de cualquier trabajo

periódico.

- Terminar la integración definitiva de los siguientes regímenes especiales: Agrario por cuenta ajena, de los trabajadores del Mar y de los

trabajadores al servicio del hogar familiar.

 

5. Adecuación de las bases y períodos de cotización.

- Es necesario ajustar con más precisión la relación entre el salario real y las bases de cotización así como, paralelamente, mejorar las

prestaciones que se recibirán. En este sentido, resulta pertinente elevar el tope máximo de cotización y la pensión máxima que se regulan en la

Ley para garantizar la adecuada correlación en la evolución de salarios, cotizaciones y prestaciones.

- El cálculo de la pensión debe realizarse sobre los periodos de cotización real.

 

6. Incentivos al empleo.

- Bonificar -de manera más intensa y proporcionalmente a su antigüedad en la empresa- las cotizaciones de los trabajadores ya contratados que

tengan 55 o más años de edad, para incentivar el mantenimiento de su empleo.

 

7. Modernización e información al ciudadano.

- Todo cotizante debe conocer, en su nómina, el importe de las cotizaciones propias a la Seguridad Social y el importe de las que corresponde satisfacer al empresario.

- Al menos una vez al año, todo cotizante debe recibir en su domicilio información puntual sobre ...la pensión aproximada que, de mantenerse

constantes sus circunstancias de cotización, percibiría tras su jubilación, lo cual debe servir de mecanismo de concienciación sobre sus

posibilidades económicas en el futuro, así como sobre la relación entre su salario actual y la pensión que podría recibir.

 

8. Gestión del sistema.

- Potenciar la mejora de la gestión, a través de la integración de las funciones de afiliación, recaudatorias y de gestión de prestaciones.

 

8 BIS. Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

- Las cotizaciones por contingencias profesionales deben continuar simplificándose y ajustándose a fin de adecuar su importe a las necesidades reales del sistema en cada ejercicio.

 

9. Lucha contra el fraude.

- la lucha contra el fraude debe comportar la aprobación de planes conjuntos entre Seguridad Social, Servicios Públicos de Empleo, Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Agencia Estatal de administración Tributaria, Instituciones Tributarias Forales y Ministerio del Interior, que, por un lado, favorezcan la afloración de la economía sumergida y, por otro, sirvan para perseguirla y para erradicar las empresas ficticias creadas para la generación fraudulenta de prestaciones, así como para la defensa de los derechos de los colectivos más vulnerables, en especial de los becarios, de los trabajadores sin afiliación y de los trabajadores autónomos económicamente dependientes.

 

10. Contributividad.

- La necesidad de reforzar el principio de contributividad, como elemento básico de preservación de la equidad y del equilibrio financiero del

sistema.

- el cálculo de la pensión de jubilación –que, actualmente, se realiza sobre un porcentaje de la base reguladora a percibir por cada año  cotizado, a partir del periodo mínimo exigido (15 años) de un 3% entre los 15 y 25 años de cotización, y de un 2% desde los 25 años en  adelante- se modifique para responder a un esquema homogéneo de equiparación de los años cotizados con un mismo porcentaje.

 

11. Edad de jubilación.

- La modificación del régimen jurídico de la jubilación para conceder mayor relevancia a la carrera de cotización del trabajador, en orden a

delimitar la cuantía de su pensión, favoreciendo así la aproximación de la edad real a la edad legal de acceso a ella.

- La jubilación anticipada debería reservarse a aquellos trabajadores que cuenten con largas carreras de cotización y, voluntariamente, opten por acogerse a ella.

- Podrán establecerse mecanismos de jubilación anticipada en favor de colectivos que realicen actividades concretas - atendiendo a su especial

penosidad, peligrosidad o insalubridad, y que acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad- así como en razón de su grado de discapacidad, cuando de forma generalizada y apreciable suponga una reducción de su esperanza de vida.

- Se considera necesario incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación.

- No debe establecerse un límite de edad para el trabajo en un régimen de libertades individuales y de derechos fundamentales.

 

12 Prestaciones de viudedad y orfandad.

- Mejorar las actuales pensiones de viudedad (en particular las de las personas mayores de 65 años en riesgo de pobreza) y orfandad.

- La intensidad protectora debe concentrarse en las personas beneficiarias de la pensión de viudedad, con 65 o más años, en las que la pensión

constituye su principal fuente de ingresos, al objeto de garantizar una situación de renta equiparable a la existente antes del fallecimiento

del cónyuge o conviviente.

- Elevar el porcentaje de la base reguladora que se utiliza para calcular la pensión de viudedad.

- El percibo de la pensión de orfandad debería extenderse hasta que la persona huérfana cumpla 25 años o, como máxima extensión, hasta que concluya el año en que alcance esa edad, cuando estuviere cursando estudios.

 

12 BIS. Tratamiento fiscal de las pensiones.

- Se considera conveniente la reordenación del tratamiento fiscal de las pensiones del sistema público para adecuarlo a las nuevas realidades

familiares, sociales y económicas, armonizando los criterios de eficacia y solidaridad, con vistas a evitar discriminaciones y conseguir una mayor equidad, otorgando un tratamiento fiscal más favorable que el actual a las pensiones de incapacidad permanente y a las de viudedad.

 

13. Solidaridad y garantía de suficiencia.

- El mantenimiento del principio de cuantías mínimas para las diferentes modalidades de pensión de nuestro sistema de seguridad social.

- La revisión del conjunto de las prestaciones del sistema para adaptar aquellas que han podido perder su eficacia protectora (seguro escolar, auxilio por defunción, incapacidad permanente,…).

- Es necesaria una reordenación integral de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, con el objetivo de mejorar su cobertura, establecer con más claridad el ámbito de sus prestaciones e introducir nuevos ámbitos de protección en orden a colmar lagunas de cobertura que se detectan en el sistema.

 

14. Sistemas complementarios.

- Es conveniente que la previsión social complementaria –con especial incidencia en la vinculada a la negociación colectiva- debe ampliar su

capacidad de complementar al conjunto de prestaciones sociales públicas, con la finalidad de posibilitar una mejor atención de algunas contingencias. A tal fin la Comisión insta a los interlocutores sociales a que, en el marco de la negociación colectiva, instrumenten fórmulas de previsión complementaria a través de fondos y planes de pensiones en su modalidad de empleo.

 

15. Discapacidad.

- intensificar los niveles de protección de las necesidades insuficientemente cubiertas de las personas con discapacidad y sus familiares, en materias tales como: Anticipación de la edad de jubilación de trabajadores con tipos de discapacidad que comporten menor esperanza de vida, asignaciones por hijo/a a cargo, orfandad y pensiones no contributivas.

 

16. Inmigración.

- El flujo de inmigración debe canalizarse a través de mecanismos que garanticen la incorporación de los inmigrantes al mercado de trabajo, así

como su consiguiente protección social, con plenitud de derechos y obligaciones.

- Reforzar los instrumentos de inspección y control para evitar que se produzcan situaciones que puedan conducir esa necesaria inmigración

legal hacia la economía sumergida, la marginación o la explotación.

 

17. Control parlamentario y tratamiento presupuestario de los recursos de la Seguridad Social.

- En los Presupuestos Generales del Estado separar las pensiones y prestaciones económicas del Sistema de Seguridad Social, de las prestaciones sanitarias y sociales.

 

18. Seguimiento y evaluación.

- Es conveniente que el Congreso de los Diputados proceda, transcurridos al menos cinco años, a una revisión general del grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el mismo, mediante instrumentos parlamentarios específicos para ello.

 

19. Mujer y protección social.

- Impulsar mecanismos que incorporen los periodos de atención y cuidado de los hijos o personas dependientes como elementos a considerar en las carreras de cotización.

- Se estudie la posibilidad de un incentivo fiscal para generar pensiones para cónyuges no presentes en el mercado de trabajo, cuando el matrimonio tenga régimen de bienes gananciales.

- Estudiar la implantación de modalidades específicas de contratación para aquellas personas que, colaborando en negocios familiares, no

generen derechos de pensión adecuados.

 

Descarga del Informe completo:

 

Descarga
Comisión del Pacto de Toledo.pdf
Documento Adobe Acrobat 48.1 KB