Denuncia pública

 

Indalecio Díaz Martínez, 11/02/2013

 

El título de este artículo, así como el hecho denunciado, me servirán como pretexto para argumentar más tarde que la corrupción política que estos días acapara los titulares de prensa, las tertulias de la radio y los comentarios de los ciudadanos, son sólo la punta del iceberg de la corrupción general de este país que alcanza casi por igual a todas las instituciones públicas o privadas.

 

El hecho que públicamente quiero denunciar, ya que de hacerlo ante los tribunales tendría un coste muy superior al valor del hecho denunciado y la justicia podría darme la razón demasiado tarde para que yo pudiese verlo, es el avasallamiento que sufrimos los ciudadanos por parte de las empresas eléctricas con el visto bueno de las autoridades.

 

En este caso concreto me refiero a las servidumbres de las líneas eléctricas. Soy propietario de una finca forestal de unos mil metros cuadrados, cuya referencia catastral figura más abajo, adquirida por la familia hace unos setenta años, lindante con una carretera provincial por cuya orilla pasaba una línea eléctrica de 5.000 voltios, soportada por postes en el mismo borde de la carretera que no impedía para nada el cultivo de pinos y acacias. Pero un buen día la empresa FENOSA quiso aumentar la tensión hasta 20.000 voltios y procedió sin avisar a la tala de los árboles a una distancia de unos 5 metros del tendido eléctrico y continuó haciéndolo periódicamente. En principio abonaba los daños causados en función del diámetro de la base de los árboles talados.

Imagen del Catastro
Imagen del Catastro

Hace cinco años modernizó el tendido eléctrico y situó los postes a cuatro metros del borde de la carretera y taló los árboles, también sin previo aviso, mucho más allá de los 5 metros reglamentarios, cosa que repitió recientemente todavía hasta una distancia todavía mayor, de tal manera que toda la finca, salvo el triángulo amarillo que aparece en la foto ha sido talada a mata rasa.

 

El proceso es el mismo a lo largo de toda la línea y el número de afectados numeroso, dando como respuesta que acudamos a los tribunales si nos sentimos peerjudicados. Es necesario hacer constar que ni la antigua empresa eléctrica, ni Unión Fenosa, ni la actual FENOSA-GAS NATURAL, nunca iniciaron un expediente de expropiación y pago por los derechos de servidumbre que “motu proprio” establecieron.

Ante estos hechos contra los que no existe otra solución que ir a los lentos y ahora caros tribunales o el derecho de pataleo, yo he optado por este último, es decir he rescindido mis contratos de suministro eléctrico con la compañía Gas Natural-Fenosa. Pago la misma tarifa, pero ahora a una empresa no catalana, por si acaso mis impuestos eléctricos algún día pudiesen servir para pagar un referendum independentista.

 

Este abuso de poder que ejercen las grandes empresas de servicios sobre los ciudadanos, sin que las autoridades locales, autonómicas o centrales se den por enteradas es preocupante. Nunca los ciudadanos habían estado tan desamparados. En el caso de las empresas eléctricas a las servidumbres de paso de las líneas eléctricas sobre fincas que no son de su propiedad sin retribución alguna por el "lucro cesante", se unen unas tarifas eléctricas abusivas y que son de las más altas de Europa, (véase

http://pontevedrasur.net/economía/noticias-y-opiniones/factura-eléctrica/ )

 sólo es explicable por una forma de corrupción que es el poder económico y que se ejerce de manera directa sobre nuestros políticos y por ende sobre nuestros legisladores. No es posible que después de pagar la energía eléctrica a los precios que la pagamos, todavía tengamos una deuda con el sector eléctrico cercana a los 30.000 millones de euros. Es decir, tanto como el Gobierno ha logrado reducir el gasto público durante el pasado año, después de aplicar drásticos recortes que nos afectan a todos los ciudadanos y en qué manera.

 

¿Alguien me puede explicar acaso por qué los ex presidentes del gobierno y ministros cuando cesan el cargo casi todos pasan a ser consejeros de las grandes empresas? ¿Lo son por sus títulos universitarios, por lo que saben del sector o por las influencias que puedan ejercer sobre el poder legislativo, ejecutivo o judicial? Me temo lo peor.

 

En este caso que nos ocupa, el ex presidente del Gobierno, Felipe González, es “Consejero Independiente” de Gas Natural-Fenosa con un sueldo de 126.500€, casi el doble del que percibe Rajoy como presidente del gobierno. ¿Por ser abogado o ex presidente? ¿A cambio de qué?

 

En el mismo caso se encuentra el ex presidente del Gobierno José María Aznar que ha sido contratado como “asesor externo de la presidencia” de Endesa, al parecer con una retribución que podría rondar los 200.000 euros anuales.

 

Es sorprendente, o al menos curioso, lo que saben de energía eléctrica nuestros ex presidentes, como para que ambos sean contratados para asesorar a las dos empresas más importantes del sector energético. No quiero ser mal pensado. Quizá sea que el actual gobierno de Rajoy ha metido a dos infiltrados en los consejos de administración de dos empresas acreedoras, con las que tenemos grandes deudas, para ver si es posible que nos condonen, aunque sea una pequeña parte, la deuda. Deseo no equivocarme…, ya que si eso no fuese así me quedaría con la sensación de que están ahí como meros “conseguidores” de mayores beneficios para dichas empresas a costa de los contribuyentes, cosa que tiraría por tierra todala labor de justicia social que pudieran haber desarrollado durante sus presidencias.

 

He dicho contribuyentes, pues somos nosotros los que con nuestros impuestos les estamos pagando a estos ex presidentes unas pensiones vitalicias para que puedan vivir con el decoro que merecen, sin necesidad de recurrir al trabajo propio de los “lobbies”. Unas personas que dicen haber dedicado una parte muy importante de su vida al servicio a los demás, sobre todo de los más necesitados, mediante la política, no pueden ahora echar por tierra todo ese trabajo dedicando el resto de su vida a devolver a los a los accionistas de las grandes empresas, muchos de ellos multimillonarios extranjeros, lo que antes dijeron que les habían quitado mediante impuestos. De ser así, es necesario de inmediato legislar para que cuando un presidente deje de serlo opte por una pensión pública digna o por un trabajo remunerado en la empresa privada, pero no ambas cosas a la vez.

 

Después de lo dicho me embarga una duda y quisiera que alguien con más conocimientos me la despejase. ¿No será esto también una forma más de corrupción…? ¡Debo estar equivocado!